Reimaginando el sector agropecuario argentino

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Tema importante que Colombia debe contemplar para su programa de gobierno de reforma agraria. Tenemos un gran potencial podríamos ocupar un lugar importante en el mundo como exportadores de alimentos. Brasil es el No 1, en el mundo y Argentina es el tercero.

Hoy tenemos voluntad política con el presidente Gustavo Petro, se están comprando tierras, pero eso solo no basta, se necesita apoyo total al campesinado y a los inversionistas del campo con contraprestación dado que es necesario exigir resultados por los subsidios otorgados y por el manejo de los recursos parafiscales del campo. Debemos dotarlo de infraestructura vial, logística, capacidad de almacenamiento, tecnología, comunicaciones, crédito accesible, vivienda digna, servicios públicos y educación (Jorge Vergara Carbó)

El sector agroalimentario argentino se encuentra en un momento de inflexión para reclamar su posición como líder global y afianzar su rol de generador de ingreso, empleos y seguridad alimentaria.

Argentina es el tercer exportador mundial de alimentos, y el sector agrícola representa el 15,7% del producto bruto interno (PBI) y el 10,6% de los ingresos tributarios de 2021. Sin embargo, en los últimos años el país ha ido perdiendo participación en los mercados internacionales, lo que genera preocupación por la competitividad del sector.

“Mantener la competitividad global del sector agroalimentario argentino es una inversión en la sostenibilidad económica del país”, estimó Irene Wasilevsky, especialista en agricultura del Banco Mundial y co-autora del informe “Hacia un sector agropecuario más competitivo, inclusivo y resiliente”. “Con un entorno normativo más previsible y consensuado, el sector agroalimentario puede generar beneficios compartidos entre las provincias, los consumidores, los productores y el medio ambiente”, agregó.

El reporte identifica tres claves para impulsar la recuperación, reforzar la seguridad alimentaria y promover la sustentabilidad:

  1. Apoyar a productores familiares 
  2. Desarrollar un marco regulatorio estable para el sector
  3. Mejorar la resiliencia y acelerar la innovación tecnológica

1. Apoyar a productores familiares

El contexto: De 334.000 productores agropecuarios que hay en Argentina, 251.000, o tres cuartas partes, son familiares. Las explotaciones agropecuarias familiares proporcionan aproximadamente la mitad de los alimentos que consume la población local y a la vez contribuyen a las exportaciones del país — en 2021, exportaron USD10.800 millones.

Sin embargo, 172.000 de esos productores familiares no disponen de suficientes recursos –tierra y capital– para poder vivir de su producción, y dependen de otras fuentes de ingresos. 

Cerca de un tercio de la población rural, en particular los pueblos indígenas, tiene necesidades básicas insatisfechas, con acceso inadecuado a la educación, a la atención de la salud, a internet e incluso a la telefonía.

Las explotaciones familiares son menos resilientes a los riesgos del cambio climático y al contexto macroeconómico. En parte por esos motivos, la cantidad de explotaciones familiares se redujeron alrededor de un 40% entre 1988 y 2018.

Estrategias diferenciadas: Para proteger mejor a los productores agropecuarios familiares, el informe destaca como prioridad desarrollar estrategias de apoyo diferenciadas en función de sus necesidades:

  • Abordar las vulnerabilidades de los productores de subsistencia con programas de asistencia social, servicios de salud, educación y capacitación, así como oportunidades de trabajo alternativas. 
  • Para los productores con capacidad de transitar hacia la producción comercial, promover una mayor integración horizontal y vertical en las cadenas de valor, de la mano de un mayor acceso a financiamiento.
  • Fomentar el papel de la mujer en la fuerza laboral del sector, apoyar sus capacidades técnicas en la producción, la gestión y la comercialización.

2. Desarrollar un marco regulatorio estable para el sector

El contexto: Según el análisis, el magro desempeño del país en la producción y exportación agroalimentaria en relación con su potencial puede atribuirse a las políticas que han gravado y limitado fuertemente al sector. 

En 2021, Argentina ocupó el segundo lugar entre los países con la tasa más alta de recaudación impositiva por derechos de exportación (el 2,1% del PIB). 

La inversión pública de apoyo al sector ha sido menor en comparación con la carga tributaria que aporta el sector, por ejemplo, entre 2019 y 2021, el sector aportó USD8.700 millones más que las inversiones que recibió, lo que representa el 2,12% del PIB.

Realinear los incentivos: El informe afirma que realinear los incentivos agrícolas, permitiendo a los productores tener mayor previsibilidad para el desarrollo de su negocio, puede ayudar a reducir la vulnerabilidad económica a largo plazo.

Aunque la reducción de los impuestos es fundamental para el desarrollo sostenible, para lograr un crecimiento continuado de toda la economía es urgente recuperar la sostenibilidad fiscal en términos generales.

El informe recomienda avanzar en la eliminación gradual de los impuestos a las exportaciones y una sustitución del impuesto a los ingresos brutos de las actividades primarias por impuestos menos distorsivos a nivel subnacional, entre otras medidas para incentivar a los productores a invertir en tecnologías más avanzadas y ambientalmente sostenibles.

3. Mejorar la resiliencia y acelerar la innovación tecnológica

El contexto: La competitividad de Argentina en la producción y exportación de alimentos se sustenta tanto en su riqueza de recursos naturales como en su inversión en innovación. Sin embargo, hoy en día, este modelo se encuentra en peligro.

El ecosistema de innovación ha apoyado al crecimiento de la productividad impulsado por la tecnología, lo que ha aumentado la eficiencia en el uso de los recursos. 

Desde 1990 Argentina ha reducido en un tercio las emisiones de GEI por unidad de producto, gracias a la adopción de prácticas de intensificación sostenible, especialmente en la producción de cereales y semillas oleaginosas. Un elemento clave ha sido la incorporación generalizada de prácticas de labranza cero: actualmente, la siembra directa abarca el 90% de las áreas de cultivo de cereales.

Sin embargo, las sequías e inundaciones cada vez más frecuentes hacen que la adaptación para mejorar la resiliencia del sector frente al cambio climático sea esencial.

Hoy, la disminución del financiamiento público está amenazando las innovaciones para el bien común que son fundamentales para la competitividad.

Buenas prácticas e inversión en innovación: La vulnerabilidad a los daños ocasionados por el clima puede reducirse con la adopción generalizada de buenas prácticas agropecuarias climáticamente inteligentes, capaces de mejorar la gestión del suelo, el almacenamiento del agua y la cubierta forestal. 

El reporte indica la importancia de sostener un sistema de innovación pública para dar soluciones que la innovación privada no abarca, como la generación continua de información, un sistema regulatorio actualizado y el acceso para los pequeños productores agropecuarios que no se benefician con los desarrollos del sector privado.

Por otro lado, Argentina podrá aprovechar las opciones para llegar a los mercados mundiales de financiamiento del carbono para solventar bienes públicos mundiales como la reducción de los GEI. 

Al implementar estas medidas, Argentina puede revitalizar su sector agropecuario como motor de crecimiento económico y desarrollo sostenible.

Articulo BANCO MUNDIAL