Por: Alfonso Camerano Fuentes
Jurisdicción Ambiental Debe Actuar
La desaparición de miles de hectáreas de bosque seco, montañas de roca caliza, médano, arena y piedra descuajadas al territorio de Barranquilla y del Atlantico, es de vieja data.
El más constante – no el único – en la depredación ambiental ha sido la empresa Argos, antes Cementos Caribe.
Lo ha hecho amparada en la legalidad irracional que les entregó el mayor número de licencias expedidas por los Ministerios de Minas y Energía y de Ambiente – ANLA-, Corporación Autónoma, Alcaldías y Curadurías municipales.
El otro resto, se lo debemos a la minería pirata, con o sin licencias ambientales, que constituye la caja mejor de alcaldes y policías de municipios mineros.
Convino el debate, incluyendo el espectáculo grotesco de la Asamblea departamental, en el que no dejaron hablar al prestigioso columnista de prensa Horacio Brieva, así como la protesta pública cívica reciente en defensa del bosque seco, borrado en cientos de hectáreas, y que sustituido por lo que hoy se denomina “Ciudad Mallorquin”, montada sobre el suelo de médano y arena, para construir edificios destinados a vivienda urbana, eso sí, contando con licencias amparadas en el corrupto PBOT de Puerto Colombia y sin soluciones viales urgentes.
Si las materias de Geografía e Historia que aún se enseñan en el bachillerato; o las de instrucción en los relieves de terrenos, propias de las facultades de Ingeniería Civil y topografía, se actualizaran a la luz de la planimetría de los siglos XX y XXI, a fin estudiar en el tiempo, comparativamente, los accidentes del suelo de Barranquilla y del departamento del Atlántico, nos aproximaríamos al desastre ecológico más depredador, irreparable y progresivo, a que ha sido sometida nuestra pequeña entidad territorial.
Parte de este desastre, en lo que toca a Argos, antes Cementos del Caribe, es responsabilidad compartida con la Nación, “ablandada” por el lobby mediático de la venenosa clase política, que le entregó licencias para explotar las minas de piedra y arena, durante más de seis décadas, convirtiendo en planicies otrora lomas de más de 300 metros de altura.
La mayor consecuencia letal la ha padecido el sector popular de Barranquilla, con el crecimiento del caudal y velocidad de los arroyos que buscan salida al río Magdalena por los nuevos cauces que se abren, resultado de la indiscriminada explotación, lícita e ilicita, de la cantera caliza, o de la roca sólida o de la arena fina, desde la fuente o nacederos, que terminan arrastrando vidas en sus largos recorridos.
El estudio de títulos de propiedad que reposa en el Archivo Histórico de la ciudad, nos entrega información valiosa de cómo se “civilizaron” miles de hectáreas, con el nombre de sus propietarios, transacciones, sucesiones, liquidaciones, compra de posesiones, fallos judiciales, actos que terminaron entregándole a Argos las mejores tierras urbanas y rurales, incluyendo las ancestralmente ocupadas por familias raizales de municipios mineros y por supuesto del entorno metropolitano de Barranquilla.
Casi todos los socios nombrados en las compañías formadas desde inicios del siglo xx, que tuvo de pionera a la Urbanizadora El Prado, encargada del trazado y construcción de los barrios El Prado, Bellavista, Modelo, Santana, Bostón, Colombia; y que luego recogió y extendió Parrish & Cia., hasta Puerto Colombia; son amagos de lo alcanzado más acá por Cementos Caribe (Argos), que recogió a los más acaudalados terratenientes urbanos.
Se destaca en todas esas empresas, como denominador común, estar integradas por los mismos personajes, empezando por el más consolidado terrateniente urbano y rural, General conservador, Eparquio González y su prolija descendencia; o por la del Soledeño, don Ángel Palma (solo se habla del edifico Palma en el Paseo Bolívar), que era dueño de las tierras que arrancan desde la calle 84, de hoy, hasta la Villa Campestre de los ricos, incluyendo “Villa Santos”; o la familia Salcedo, titular del dominio de todo el terreno del Barrio Olaya; o los Mancini, en todo el globo que ocupa la Loma de Miramar y las tierras de El Henequén, que conurbaba con Juan Mina, de un lado, y con el corregimiento La Playa; o la familia Mendoza, del prestigioso abogado momposino Marco Mendoza Amaris, que fuera miembro de la Junta Directiva de Cementos del Caribe (Argos), titular del dominio de la loma que cubre los alrededores de la vía al Mar, margen sur, finca Santa Sofía, frente a la Universidad del Norte, cruzando la avenida, y más allá, hacia la parte baja de la lomas de Tubara, “Playa Mendoza”; fundada por su hijo Eduardo Mendoza Lince, para solo mencionar a sus mentores y dejar quieta a la descendencia, de 3a, 4a y 5a generación presente.
Debe intervenir la Nación a través del Ministerio de Ambiente para proteger tierra, agua y aire, a fin de evitar que la Ciénaga de Mallorquin, cuerpo agua Ramsar, regido por normas internacionales, siga siendo la cloaca de lixiviados y materia fecal, que ha sido durante más de medio siglo, metiéndole las aguas servidas y negras de más de 1000 apartamentos; parar la depredación de nuestras montañas, de las cuales Argos tiene la mayor parte de licencias; y el resto, que es bastante, en manos de verdaderos capos de la minería ilegal que corrompen alcaldías y policía desde hace más de medio siglo, empezando por la vía al mar, o los alrededores de Sabanalarga, Luruaco, Manatí, Repelon; o los negociantes de la arena mambo de Santo Tomás, Palmar de Varela, Arroyo de Piedra, etc.; llegó la hora de revocar todas esa licencias del acabose ambiental.
Le toca a la sociedad civil
defender el espacio público que le pertenece y poner en su lugar a quienes lo usurpan en medio de un mar de corrupción.
No más “Ciudad Mallorquin”, respeten a los ciudadanos..
#jvcpoliticapublica
