Por: Guillermo Polo Carbonell
El martes 29 de octubre se realizará el 2º Foro Caribe de seguridad ciudadana organizado por la alcaldía distrital y la Cámara de Comercio de Barranquilla con el fin de analizar los retos que enfrenta la ciudad en materia de seguridad y justicia, convocatoria que me parece acertada por que genera un espacio importante en la medida que es necesario que ciudadanos, sectores sociales, académicos y económicos, estén cada vez más cerca de la comprensión de lo que ocurre y cuál debe ser el camino en esta compleja realidad nacional en materia de seguridad.
Hoy volvemos a ver a la Administración de la ciudad, en cabeza del alcalde, haciéndose responsable de la coordinación de los esfuerzos locales que despliega el sistema de seguridad y justicia en el nivel territorial. Esto sin duda es necesario aun con el costo político que responsablemente está asumiendo. Pero mi opinión muy personal, sigue siendo, que, a pesar de esos esfuerzos, que además son acertados, la situación difícilmente cambiará mientras se le siga exigiendo a los gobiernos locales que respondan por una vajilla que no han roto y que no tienen como reponer. Ya es hora que se entienda que el Estado tiene la responsabilidad y la necesidad de reorientar la política criminal y fortalecer el sistema penal acusatorio y el sistema penitenciario.
Si bien es necesaria la concurrencia de esfuerzos de los entes territoriales en la lucha contra la delincuencia, la verdadera respuesta la tiene que dar necesariamente el Gobierno nacional, la Rama Judicial y el Congreso de la República, pues solo en estos niveles se pueden producir cambios en la política criminal y en el establecimiento de mecanismos certeros para enfrentar la complejidad que implica combatir las economías ilegales gobernadas hoy por decenas de estructuras delincuenciales que rebasan la capacidad de los gobiernos locales.
El narcotráfico es la madre de todas las violencias y pocos son los esfuerzos que se hacen en materia de orientar la política criminal en esa dirección. Se necesita urgentemente cambios de política y mayor esfuerzo fiscal para fortalecer la inteligencia y la operación de los organismos que son en nuestro ordenamiento jurídico, los primeros responsables en materia de combatir de manera eficaz la amenaza que representa hoy el crimen organizado.
La reforma penal que hoy se discute, propuesta por la Sala Penal de la Corte Suprema, la fiscalía general de la Nación y el Ministerio de Justicia, aborda temas importantes como la profundización de la justicia premial, la reparación integral y una mayor aplicación del principio de oportunidad y de las pruebas anticipadas que seguramente permitirían una mayor celeridad en los procesos penales para lograr sentencias condenatorias. Sin duda si es aprobada, sería un avance, pero no alcanza.
No es posible que después de más de 15 años de la implementación completa del sistema penal acusatorio en Colombia los despachos penales mantengan la congestión que hoy tienen, que la oferta de policía judicial, de jueces y de fiscales sea absolutamente insuficiente frente al número de procesos penales que hoy llegan a estos despachos, que aún se mantengan los niveles de hacinamiento y de poco control en nuestras cárceles; todo esto es muestra del deterioro de la seguridad ciudadana que hoy vivimos.
Por esto, le corresponde al gobierno nacional y a la rama judicial presentar al Congreso de la República un proyecto de presupuesto específico que saque al sector justicia de la condición de cenicienta que en términos de prioridades de gasto público ha tenido siempre. No hay sociedad viable sin seguridad y justicia.
PUBLICIDAD
