Por: Juan Salvador Peña
Dir. Región Caribe CO2CERO
La Ley 2173 de 2021 y su posterior reglamentación mediante la Resolución 1491 de 2025 definen un plan de acción claro: cada municipio del país debe identificar y delimitar sus Áreas de Vida, y las medianas y grandes empresas deben sembrar dos árboles por cada empleado anualmente. Sin embargo, el mayor reto no está en la implementación de la ley. Está en la capacidad de las regiones para organizarse, articularse y convertir esta obligación en una restauración ecológica efectiva, y no en un conjunto de siembras sin propósito.
El Caribe Colombiano siente de primera mano la urgencia. Nuestros ecosistemas han sido protagonistas de un deterioro sostenido durante décadas. El bosque seco tropical, del cual apenas sobrevive el 8% de su cobertura original según informes del Ministerio de Ambiente, conserva algunos relictos distribuidos de manera aislada. Los manglares por su parte, enfrentan una degradación crítica en toda la región. El Acuífero de Morroa, fuente de agua para miles de familias en Sucre, ve comprometida su recarga por la erosión de sus suelos.
En este contexto, el Colectivo de Pensamiento Bio-Región Caribe, bajo el liderazgo de la doctora Lucy Urzola Capella y quien escribe esta columna, ha asumido la tarea de articular un movimiento regional para la declaratoria de Áreas de Vida. No se trata de una iniciativa aislada, sino de un esfuerzo que busca alinear a alcaldías, Corporaciones Autónomas Regionales y organizaciones gremiales en un propósito común. La ley establece que son los municipios quienes deben delimitar estas zonas prioritarias, pero también reconoce que las empresas necesitan seguridad jurídica y técnica para cumplir con sus obligaciones de siembra. Sin municipios organizados, las empresas no tendrán dónde sembrar. Sin empresas comprometidas, los municipios no contarán con los recursos para restaurar sus ecosistemas estratégicos.
Las Corporaciones Autónomas Regionales, que ya ejecutan proyectos de restauración activa en manglares, bosque seco y zonas de recarga de acuíferos, deben acompañar técnicamente a las administraciones locales. Su conocimiento del territorio es invaluable para garantizar que las áreas priorizadas respondan a criterios ecológicos reales y no a decisiones improvisadas. Las organizaciones gremiales y empresariales deben sumarse desde ya a esta tarea prioritaria de restauración.
La meta no es sembrar por sembrar. La meta es que cada municipio del Caribe logre consolidar bosques municipales funcionales, con especies nativas de la región, con arreglos técnicamente diseñados que permitan reestablecer la dinámica del ecosistema y con un monitoreo que mida el éxito real de las intervenciones. Todo esto ya existe, lo que falta es voluntad de articulación regional para pasar de la norma a la ejecución en el territorio.
Desde el Colectivo de Pensamiento Bio-Región Caribe hacemos un llamado a todas las alcaldías, Corporaciones Autónomas y gremios de la región. Las Áreas de Vida son una oportunidad histórica para impulsar la recuperación de los ecosistemas degradados en el Caribe, para garantizar agua, biodiversidad y resiliencia climática a las generaciones que vienen, y para construir los bosques municipales que nuestra región se merece.
