Por: Jaime Lustgarten
Cada día, más familias colombianas llegan a los aeropuertos con la esperanza de comenzar una nueva vida en España, Canadá, Panamá, México, Estados Unidos y otros países.
No abandonan únicamente un territorio. Dejan atrás su hogar, sus recuerdos, sus padres, sus amigos y una parte de su historia.
Una realidad económica
La deuda pública del Gobierno Nacional asciende aproximadamente a $1,168 billones de pesos, equivalente a cerca de $20.137.931 por cada colombiano, incluidos niños y adultos mayores, según datos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Banco de la República (https://www.minhacienda.gov.co y https://www.banrep.gov.co).
En los últimos cuatro años, la deuda pública aumentó aproximadamente un 60 %, de acuerdo con cifras oficiales reportadas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo y análisis del Departamento Nacional de Planeación (https://www.dnp.gov.co).
Una deuda de esta magnitud compromete recursos que podrían destinarse a inversión, generación de empleo, infraestructura, educación, salud y seguridad.
Una reflexión
Muchos colombianos consideran que la combinación de una oferta laboral insuficiente, el deterioro de la percepción de seguridad y la incertidumbre económica ha reducido las oportunidades para construir un proyecto de vida en el país.
Para esas familias, emigrar deja de ser un sueño y se convierte en una necesidad.
Este no debería ser un debate entre partidos políticos.
Debería ser un debate sobre el futuro de Colombia.
Un país que pierde talento, trabajadores, emprendedores y familias pierde parte de su capital humano y de su capacidad para crecer.
La deuda pública no es una cifra abstracta: representa compromisos que deberán asumir las generaciones presentes y futuras.
La pregunta es inevitable:
¿Estamos construyendo un país que invite a quedarse o uno que empuje a marcharse?
