Por: Jorge Vergara Carbó
El 20 de marzo de 2020, se efectúo la subasta, para adquirir los activos y pasivos de Caribe Sol y Caribe Mar, nombres asignados al mercado eléctrico del Caribe Colombiano, al que se le venía prestando un mal servicio por parte de la empresa Electricaribe.
En la subasta solo hubo un proponente por mercado, EPM para el mercado de Caribe Mar y el consorcio Energía de la Costa , este último integrado por , Latín América Corp, Enerpereira, Enertolima inversiones S,A, Aseo Capital, Empresa capitalizadora del Tolima, Aseo Capital(Bogotá),Aquaseo(acueducto Magangué y Tumaco) y Empresas públicas de Armenia, las cuales conforman el grupo empresarial “Servigenerales” de propiedad del antioqueño Alberto Ríos Velilla, quién fuera socio del grupo Nule para adquirir las empresas Electrotolima y Enerpereira , y es conocido como el zar de las basuras en Colombia.
La otra empresa que había mostrado interés en participar fue Celsia, perteneciente al Sindicato Antioqueño. Empresa que en los últimos años le ha apostado a invertir en energías renovables. Pero en comunicado que hizo oficialmente, tres días antes de celebrarse la subasta, manifestó que no participaría porque sus proyecciones financieras sobre el negocio no garantizaban en el mediano y largo plazo recuperar la inversión por cualquiera de los dos mercados, ya que detectaron que el monto a invertir era superior a los $8.7 billones que habla el gobierno.
Situación similar pasó con el grupo Servigenerales, quien también manifestó antes de la subasta como aparece registrado en varios medios escritos, que no iban a presentar oferta alguna por el mercado de Caribe Sol. Pero en forma extraña, no aclarada por ese consorcio cambiaron su decisión y decidieron ofertar por el mercado de Caribe Sol, que requiere según los pliegos una inversión de $3.7 billones, en los próximos cinco años para atender a 1,21 millones de usuarios en los Departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira.
La empresa pública de Medellín (EPM), mediante autorización de su junta directiva presento propuesta para el mercado que le interesaba desde el principio Caribe Mar, para lograr así, tener un 35%, del mercado de distribución en el país, lo que le otorga una posición dominante, justamente lo que se pensó siempre evitar con la expedición de la Ley Eléctrica (143/94).
Debo reconocer que me sorprendió, que se presentaran esas dos empresas para participar en la supuesta subasta, porque no hubo puja por ninguno de los dos (2) mercados. Solamente fue un proponente, por cada mercado, repitiéndose la historia a finales de los años 90, con la privatización de las Electrificadoras de la Región Caribe, cuando en dicha subasta celebrada en el emblemático Hotel del Prado de Barranquilla, solo hubo un solo proponente por todo el mercado, Electrificadora de Caracas y una firma de Chicago especializada en el manejo de pérdidas de energía.
POR LA INTERVENCIÓN VAMOS A PAGAR US$1.626 MILLONES
Desde el momento en que se planteó la intervención de Electricaribe y la venta de sus activos en una subasta, manifesté que la intervención de la empresa por parte de la Super Intendencia de Servicios públicos Domiciliarios (SSPPDD) fue apresurada y esa decisión nos iba a costar mucho dinero a los colombianos (US$1626 millones). Electricaribe al momento de su intervención estaba quebrada. Eso lo tenía que saber la SSPPDD, porque esa entidad tiene acceso a toda la información financiera y técnica de las empresas que prestan servicios públicos domiciliarios. Pero pudieron más las presiones del Intergremial del Atlántico, algunos gobernadores y parlamentarios de la Región Caribe, quienes se aliaron con los españoles para que aceleraran la intervención, evitando así la declaratoria de quiebra por parte de los españoles. Tanto fue así, que nombraron presidente de una compañía en liquidación al presidente del Intergremial, cuando ya habían nombrado al señor Javier Lastra como Agente Especial en Electricaribe.
Esto le abrió el camino a los españoles para impetrar una demanda ante la “CIADI” Tribunal de Arbitramento del banco Mundial, aduciendo como argumento principal la “expropiación “de sus acciones por parte del gobierno, violando así el convenio firmado entre España y Colombia de “Seguridad Inversionista”, los otros argumentos son la nula rentabilidad del negocio, por problemas de cartera , robo de energía , estructura del mercado y negarles generar energía, es decir buscar una integración vertical. Todo esto último lo han reforzado en su demanda, con el manejo desastroso por parte de los Agentes Especiales nombrados por la SSPPDD, quienes en los tres (3) años que llevan en su intervención han perdido la suma de $3 billones, que sumados a los $800.000 millones, que perdieron los españoles en 18 años, da una pérdida acumulada de $3.7 billones. Pero a pesar de esto, los señores de la Contraloría, Procuraduría y Fiscalía no dicen absolutamente nada, a sabiendas que la contratación aproximada al $1 billón, la han hecho a dedo, aduciendo que son una empresa privada, y por ello no pueden abrir licitación pública, ni entregar información sobre dicha contratación, como de la marcha de la empresa. Impunidad absoluta con los dineros públicos, para estos funcionarios. Increíble pero cierto
Unión Fenosa que cambió de nombre por Naturgy Energy Group, tenían claro que para ellos lo mejor era declararse en quiebra y proceder a entregarle los activos y pasivos de la empresa al gobierno colombiano para que siguiera operando la empresa. No tenían otra alternativa, seguir invirtiendo en la empresa no estaba en la mente de los españoles, así lo manifestaron a la Revista Semana en una entrevista que se le hiciera al presidente de la compañía. Para ellos era preferible entregárselo al gobierno sin costo alguno que seguir perdiendo plata. Los venezolanos prefirieron vender los activos de Electricaribe por US $500 millones, antes que perder toda su inversión que fue aproximadamente de US$800 millones. Pero el señor José Miguel Mendoza, el Intergremial y otros no podían esperar ese momento, había que actuar para favorecerlos en su futura demanda, la cual está para fallo.
Barranquilla, Abril 1 de 2020
