Por: Norman Alarcon
Coordinador Liga Nacional de Usuarios Costa Caribe
Las tarifas eléctricas deben bajar ya y el Gobierno Nacional, único con músculo financiero para administrar a AIR-E
En primer lugar, un reconocimiento a los personeros distritales de Barranquilla, Miguel Ángel Alzate, y de Santa Marta, Edwar Orozco, por hacer posible esta Audiencia Pública.
- Después que los dueños de AIR-E pusieron pies en polvorosa, dejando una estela de problemas, las más altas tarifas del Sistema Interconectado Nacional SIN, violaciones flagrantes al debido proceso, abusivos cortes del servicio a centenares de miles de familias pobres de los barrios subnormales, además de embolsillarse billones de pesos con lesión enorme al patrimonio público, la Liga Nacional de usuarios propuso que es necesario que las autoridades respectivas realicen una auditoría forense para examinar con lupa toda la situación contable, financiera y económica de dicha empresa y hagan uso de las facultades que los artículos 45 a 52 de la ley 142 de 1994, otorgan a la Superintendencia y a los auditores externos, para vigilar y controlar la viabilidad financiera de la empresa. Así como hicieron las autoridades con Interbolsa, descubriendo el entramado de corrupción que no se hubiera conocido de forma diferente.
- Apreciamos la designación del ingeniero eléctrico Carlos Diago, quien ha sido un líder entusiasta en defensa de los usuarios del sector eléctrico. Buen viento y buena mar. La prioridad ahora es que el gobierno nacional garantice el servicio eléctrico continuo y de calidad y que mantenga el control y administración de la empresa con fines de liquidación porque la región no toleraría el regreso de semejantes defraudadores del interés público o de prestadores privados de similar condición. El Estado es el único con músculo financiero para acometer la gestión eficiente de los cuantiosos recursos que se requieren, a través del Fondo Empresarial de la Superservicios. Incluso, se puede hacer necesario un crédito puente del Banco de la República para las inversiones requeridas.
- Se debe descartar la fracasada política de privatización que hizo agua por la experiencia negativa con la española Unión Fenosa en Electricaribe, que dejó la infraestructura obsoleta y una corrupción rampante; y la última de AIR-E que no tiene nombre. Las fuerzas vivas de la Costa no debieron haber dejado debilitar ni liquidar a CORELCA, un patrimonio regional que levantó las redes eléctricas en los siete departamentos del Caribe con una sobretasa en las tarifas.
- Se requiere una rebaja tarifaria inmediata, dejando de lado el oprobioso régimen tarifario especial contra los costeños (con el que nos cobran los hurtos y fraudes e inversiones futuras anticipadamente) y dejar de cobrar, ipso facto, la llamada opción tarifaria que ya AIR-E nos cobró $715.600 millones de un total de $850.000 millones, la cual el actual gobierno les aprobó con Resolución CREG 101 028 de noviembre pasado, pagadero a diez años, pero AIR-E la cobró aceleradamente, antes de salir corriendo. Además, el gobierno debe derogar la Resolución 400272 de 2020 del Ministerio de Minas y Energía que le impuso solo a la Costa una sobretasa en el ítem de comercialización del 20%. En esta forma tendríamos una rebaja de la tarifa de alrededor de $400 el kilovatio hora, lo que sería un justo alivio para alrededor de cinco millones de usuarios y sector productivo, lo cual llevaría a una mejora importante del recaudo de la factura eléctrica. El Índice de Pérdidas de Referencia cuando llegó AIR-E era de 28.48% y a julio de 2024 estaba en 27.5%, lo que muestra el fracaso total en este punto crucial (en cuatro años no rebajó ni un punto), que muestra la ineficiencia de la empresa que se la cobran a los usuarios.
- Es necesario un plan urgente de mejora de la infraestructura eléctrica en la Región Caribe, donde está más del 90% de la informalidad eléctrica del país, lo que demuestra la deuda histórica que tiene el Estado colombiano con una de las regiones con mayor pobreza monetaria, multidimensional y energética del país. Para este menester, ha venido recabando la Liga de Usuarios, se debe aprovechar la norma que está en el Plan Nacional de Desarrollo que permite utilizar recursos de las regalías mineras para modernizar la infraestructura eléctrica de la Costa, a condición de no subir las tarifas a los usuarios, y se debe utilizar también el fondo Fonenergía, como lo propone el exministro Amilkar Acosta.
- El gobierno nacional debe pagar los subsidios adeudados a las comercializadoras eléctricas del país, que según Asocodis suman $1.3 billones de pesos, además de cumplir con el pago de la opción tarifaria (como se comprometió el presidente Petro el 7 de mayo pasado en Barranquilla) utilizando el artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994, sin acudir a la reforma de la ley de financiamiento o tributaria que está tan embolatada. Además de devolverle el pago de la misma opción tarifaria a los usuarios de AIR-E que ya pagaron más del 84% de la misma.
- En la reforma de la Ley 142 de 1994 es necesario modificar el artículo 87 para que no siga primando el criterio de la “suficiencia financiera” o la más alta rentabilidad para fijar las tarifas en los servicios públicos.
- Proponemos que las generadoras públicas de la Costa Caribe, como la hidroeléctrica de Urrá (investigada por entes de control por presunta corrupción en la venta de energía) y Gecelca (la que quedó de CORELCA), apoyen a la región con precios pagables de la energía eléctrica; lo mismo que las generadoras privadas, como Tebsa y Termoflores, y Enel que está terminando la granja con energía solar más grande del país en Sabanalarga, Atlántico. Toda esta energía generada en la región tiene menores costos de transmisión lo que debería llevar a una reducción del precio del kilovatio hora.
Finalmente, hacemos un llamado a la unidad de las fuerzas vivas de la Región Caribe para aunar esfuerzos para sacar adelante estas propuestas en beneficio del interés colectivo.
