Por Joseph Daccarett
Colombia se acerca a su próxima elección presidencial con una verdad incómoda que ya no admite eufemismos: el país es hoy más frágil en lo económico, lo institucional y lo social de lo que buena parte del liderazgo público está dispuesta a reconocer. El deterioro no es responsabilidad exclusiva de un gobierno o de una corriente ideológica, sino el resultado acumulado de años de improvisación, retórica sin ejecución y un modelo que ha privilegiado el gasto político sobre el desarrollo productivo.
En los últimos años el país retrocedió en áreas esenciales: infraestructura, conectividad logística, aeropuertos, puertos, competitividad energética y seguridad territorial. No son simples retrasos administrativos; son brechas que afectan la inversión, el empleo, la productividad y la credibilidad internacional. Ese rezago, combinado con una crisis de confianza y una polarización creciente, obliga a que el próximo presidente gobierne con realismo, disciplina y un profundo sentido de urgencia.
1. El dilema fiscal: gastar menos y gastar mejor
El nuevo gobierno heredará una deuda pública interna que supera los 1.105 billones de pesos, y una deuda externa cercana a 120.000 millones de dólares. Es un nivel históricamente alto que presiona el financiamiento y limita el margen de maniobra fiscal. A ello se suma un peso artificialmente apreciado por la entrada de capitales volátiles y un crecimiento inédito de las remesas —de USD 7.000 millones en 2022 a más de USD 13.000 millones en 2025— que, aunque sostienen millones de hogares, también evidencian la salida acelerada de capital humano joven, con impactos futuros en la productividad y en el sistema pensional.
La austeridad selectiva será inevitable. No implica recortar por recortar, sino intervenir quirúrgicamente el gasto improductivo, en especial la contratación paralela que sustenta una burocracia sin impacto real. No es sostenible financiar estructuras políticas mientras se desmonta la competitividad del país.
Muestra clara de esta desconexión estratégica es la apertura de embajadas en países con los que Colombia tiene intercambios comerciales mínimos y movimientos migratorios insignificantes. Los datos lo confirman:
Cuadro Consolidado – Exportaciones Colombianas No Minero Energéticas
| País | 2022 (USD FOB) | 2023 (USD FOB) | 2024 (USD FOB) | Promedio Trienio |
| Etiopía | $224.726 | $295.227 | $378.041 | $299.331 |
| Ghana | $3.255.560 | $2.666.199 | $2.400.133 | $2.773.964 |
| Kenia | $511.022 | $1.261.605 | $614.447 | $795.691 |
| Senegal | $6.535.529 | $1.470.801 | $518.245 | $2.841.525 |
Fuente: PROCOLOMBIA
Movimiento migratorio entre Colombia y estos países
| País | Entradas a Colombia | Salidas desde Colombia |
| Etiopía | 25 | 111 |
| Ghana | S/N | S/N |
| Kenia | 28 | 130 |
| Senegal | 9 | 16 |
Fuente: Migración Colombia – Grupo de Estudios Migratorios y Estadística (GEME)
Nada en estas cifras justifica misiones diplomáticas con estructuras extensas. En estos casos, un consulado o una oficina comercial sería más que suficiente. Sin estrategia exterior, la diplomacia se convierte en gasto político.
2. Justicia lenta: un país detenido
La justicia es hoy uno de los principales frenos al desarrollo. Procesos que duran una década alimentan la impunidad, erosionan la confianza institucional y deterioran el clima empresarial. Colombia podría necesitar más jueces, pero sobre todo necesita un sistema ágil, meritocrático, digital y auditable.
Cuando la justicia no llega a tiempo, se genera un efecto dominó: aumenta la informalidad, se normaliza el “resolver por la vía de hecho”, proliferan las economías ilegales y se abre espacio a nuevas formas de violencia. La falta de justicia no solo es una falla institucional: es un detonante de desorden social, inequidad y criminalidad. Sin justicia oportuna, ningún plan de competitividad es viable.
3. Seguridad: recuperar el territorio para recuperar el futuro
El crimen organizado dejó hace mucho de ser sinónimo exclusivo de narcotráfico. Hoy controla minería ilegal, extorsión, contrabando, secuestro y corredores territoriales. En varias zonas del país, las organizaciones criminales actúan como autoridades de facto.
Sin seguridad, el desarrollo es teoría. El próximo presidente deberá recuperar la presencia estatal apoyado en inteligencia, tecnología, legitimidad y autoridad ética. Un Estado que no controla su territorio termina, inevitablemente, perdiendo cohesión social y capacidad económica.
4. Salud y pensiones: reformar sin estatizar
El país necesita una reforma profunda tanto en salud como en pensiones, pero no bajo modelos estatizados ni sometidos a presiones políticas. La baja natalidad, el envejecimiento acelerado y la migración de talento profesional exigen decisiones técnicas, verificables y sostenibles. Reformar no significa destruir, sino modernizar para garantizar la viabilidad de largo plazo de ambos sistemas.
5. Empleo, productividad y revolución digital
Colombia atraviesa una desindustrialización silenciosa y un espejismo salarial: los ingresos nominales aumentan, pero la productividad no. Al mismo tiempo, la revolución tecnológica —particularmente la inteligencia artificial— exige espacios laborales nuevos y capacidades que el sistema actual no está formando.
La reconversión laboral es urgente, pero la educación técnica por sí sola no basta. Se requiere una transformación más profunda: programas profesionales pertinentes, diseñados para responder a las necesidades reales del contexto productivo, con la tecnología como eje transversal de toda formación. Formar profesionales sin empleabilidad es condenar a una generación a la frustración.
6. Una reforma tributaria ProDesarrollo
El país necesita un sistema tributario competitivo, simple y orientado a promover el empleo formal. Reducir cargas regresivas, desmontar impuestos temporales y estimular la inversión no es populismo: es supervivencia económica. Impuestos como el 4×1000, los llamados “saludables”, el impuesto a los dividendos y otras cargas distorsionantes deben desmontarse de manera progresiva para recuperar dinamismo empresarial.
El desafío mayor: cambiar la cultura del poder
Ninguna reforma será viable sin un cambio profundo en el estándar moral del liderazgo. Colombia no necesita gobernantes que acumulen aplausos, sino líderes dispuestos a tomar decisiones difíciles y a asumir costos políticos. El verdadero dilema es si el próximo presidente estará dispuesto a elegir al país por encima de la popularidad.
Cuando quienes gobiernan pierden la vergüenza, quienes obedecen pierden el respeto.
Y cuando el respeto se extingue, la nación se vuelve ingobernable.
Colombia aún tiene tiempo.
Lo que no tiene es margen para seguir posponiendo la verdad
