Por: Jorge Vergara Carbó
Es tan cierta esta afirmación, que en nueve meses ha nombrado cuatro agentes interventores a dedo. Lo correcto es que ha debido desde un principio convocar a un concurso de méritos con una firma especializada en caza talentos para escoger al agente interventor o como lo quieran llamar. En Barranquilla vivimos esa experiencia con la empresa Triple A, envuelta en actos de corrupción e intervenida por el gobierno Duque, decidieron por intermedio de la SAE seleccionar a un gerente por concurso, lo que le permitió a la empresa salir adelante, hasta el punto que sus utilidades se han incrementado a pesar de que una vez recuperado el poder accionario de la Triple A, por parte del Distrito el alcalde Alex Char procedió al antiguo método de nombrar a dedo al gerente. No se continuó con la buena práctica de escoger al gerente por concurso de méritos.
Con la decisión tomada el 12 de septiembre del año 2024, de intervenir a la empresa AIRE, se cumple la tercera intervención al mercado de distribución y comercialización del Caribe colombiano. Intervenciones todas inconvenientes e ineficaces. Inconvenientes porque con ese acto administrativo favorecieron a los inversionistas privados al darle pie, para que demandaran al Estado por expropiación. Ineficaz porque los agentes interventores nombrados llevaron a la empresa a mayores niveles de perdidas financieras y peores índices de gestión administrativa y técnica. Electricaribe en manos de los españoles del año 2000 a noviembre del 2016, arrojó unas pérdidas acumuladas de $474.548 millones. Mientras Electricaribe intervenida por la SSPPDD, del 2016 al 2018, presentaba pérdidas acumuladas de $1.5 billones. Una intervención desastrosa, que en vez de recuperar la empresa todo empeoro, sin que hubiera sanción alguna para quienes administraron la empresa, incluyendo a la junta directiva que hacia parte de la empresa intervenida.
La primera intervención se dio en el año 1.997, con la toma por parte de Superservicios de las electrificadoras, nombrando funcionarios suyos como gerentes de las empresas con resultados negativos y actos de corrupción que conllevaron a la liquidación de las empresas y venta de las mismas, en una subasta realizada en el Hotel del Prado de Barranquilla, en el año 1.998. Se presento un solo proponente “Electrificadora de Carcas” asociada con una empresa de Houston Estados Unidos, quienes pagaron US$800 millones, por el 65%, de sus activos. Los venezolanos ante los malos resultados decidieron vender la empresa creada a los españoles en el año 2000, por la suma de US$500 millones, es decir en dos años perdieron US$300 millones.
Los españoles, hicieron algunos cambios administrativos y fusionaron todas las empresas conformando la empresa Electricaribe, y la operaron durante 17 años, con resultados negativos, con pérdidas acumuladas en todos esos años de $474.548 millones. Ante la negativa de la empresa de seguir invirtiendo, el gobierno de Juan Manuel Santos decidió intervenir la empresa, con fines administrativos en primera instancia el 16 de noviembre de 2016, para después decidir intervenirla con fines de liquidación en marzo del 2017, con la finalidad de venderla a uno o dos privados.
Esta segunda intervención fue fatal, la gestión por parte de los agentes interventores nombrados en dos años fue nefasta. En esos dos años, incrementaron las pérdidas financieras en una cifra cercana a los dos billones de pesos, y deterioraron todos sus índices de gestión. Igual que la intervención anterior se dieron actos de corrupción que nunca fueron investigados.
Nuestra posición fue al igual que con la empresa AIRE, que el gobierno no ha debido intervenir a Electricaribe ni a AIRE, ha debido dejar que se declararan en quiebra para que el gobierno recibiera los activos sin costo alguno, para que asumiera como es su responsabilidad la prestación del servicio, y así evitar una posible demanda.
El gobierno no prestó atención a las recomendaciones que en su momento hicimos publica decidiendo intervenir la empresa. Esa intervención favoreció a los españoles al darle pie, para presentar una demanda por 1.259 millones de euros ante la CIADI. Demanda que no prosperó porque la defensa del gobierno colombiano demostró en el Tribunal de Arbitramento que a ellos no se les había expropiado la empresa, sino que fue intervenida con fines de liquidación para venderla y el producto de la venta una vez realizado sería entregado en su totalidad a los españoles. Es decir, los $285.000 millones, que pago AIRE en el año 2020, y lo que pago AFINIA que no sabemos cuánto fue (es posible que $330.000 millones) se le entrego a los españoles en efectivo, unos US$154 millones, de esa época.
SE REPITE LA HISTORIA ALBERTO RÍOS DEMANDA POR EXPROPIACIÓN
Con AIRE parece, que la historia de Electricaribe se vuelve a repetir. El gobierno la intervino primero con fines administrativos, y después con fines liquidatarios. En nueve meses ha nombrado la Superservicios a cuatro (4) agentes liquidadores, el último lo nombró hace dos días, Nelson Javier Vásquez Torres, que de acuerdo a su hoja de vida no tiene experiencia en el mercado de Distribución y comercialización de energía es un ambientalista, al igual que los dos anteriores nombrados, el señor Edwin Palma hoy ministro de Mina y Energía y la funcionaria de AIRE Diana Bustamante.
Lo que se repite, es la demanda que se dice impetro el señor Alberto Ríos Velilla ante un Tribunal de Arbitramento (no sabemos cuál) alegando lo mismo que Electricaribe, que el gobierno le expropio la empresa. La suma a la que aspira supera con creces, lo que pago por la misma e invirtió en ella, alrededor de $5 billones.
En escritos anteriores sobre el tema, hemos solicitado al gobierno que realice una auditoría forense a todos los movimientos de la empresa AIRE, para determinar con exactitud en que se gastaron los recursos por ellos invertidos al capitalizar la empresa en dos(2)billones, y los prestamos que solicitará y le entregará FINDETER para sus problemas de liquidez e igualmente para clarificar la cuenta de “opción Tarifaria” que le cobró a los usuarios en ocho meses, y que aún hoy AIRE lo sigue cobrando, a pesar de que FINDETER le presto unos recursos para que financiara la “Opción Tarifaria” en cinco (5)años. ¿Que se hizo con ese dinero?
La Fiscalía, en la investigación que le abrió a AIRE, la cual anexamos en este documento para su conocimiento debería ampliarla investigando como se gastaron esos recursos e involucrar en la investigación al director de FINDETER por entregarle recursos a la empresa AIRE, sin las garantías que respalden los créditos otorgados. Esas sumas de dinero no será fácil recuperarla, por lo que la Fiscalía y la Procuraduría deberían intervenir.
PRESIDENTE PETRO ENTREGULE LA EMPRESA A SINTRAELECOL
En conclusión, el gobierno en sus intervenciones al sector eléctrico y de la salud, no ha dado resultados positivos. Las empresas intervenidas siguen con los mismos o superiores problemas en la prestación del servicio. Su recuperación no se ve, y la liquidación de las mismas se demora sin solución a la vista. Ni siquiera en tres años, lograron disminuir el problema tarifario del Caribe. Tampoco hay propuestas serias para garantizar un servicio eficiente. La energía renovable no es la solución en el corto y mediano plazo, la inversión es costosa y sin batería necesita estar conectada al sistema. Hemos propuesto alternativa en varios documentos que pueden consultar en Google, que son viables como es la de fusionar a Gecelca, Urra y Transelca en una primera etapa, y lograr que aprueben la ley que el ministro Edwin Palma presento al Congreso de permitir la integración vertical, para vincular a Aire y Afinia a la fusión de la Nueva Corelca. Pero esto no es suficiente, se necesita también modificar la ley eléctrica en el sentido de que solo las empresas que consuman más de 2 MW, puedan comprar en bolsa o hacer contratos de largo plazo con los generadores. Este a mi juicio, es el problema principal, porque la crisis del mercado de distribución en el Caribe se agravó cuando la CREG sin un análisis técnico modificó ese artículo hasta llevarlo a 0,25MW, lo que deterioro la estructura del mercado, hasta el puto que más del 80%, es residencial y el residencial estrato 1 y 2, representa más del 70% del mercado.
Por lo tanto, se necesita la fusión, pero también resolver lo de la estructura del mercado. Y por supuesto nombrar a personas que tengan experiencia en el mercado de distribución y comercialización, para que diseñen programas realizables de recuperación de cartera y de perdidas de energía.
No es lo mismo, venderle a una industria y grandes superficies de comercio, que vender la energía a los estratos 1, 2 y 3 disperso.
Finalmente, quiero proponerle al presidente Gustavo Petro como al ministro Edwin Palma y al Superservicios, que en vista que la experiencia de los agentes interventores nombrados en todos los gobiernos no han dado resultado, porque en su mayoría por no decir todos desconocen el sistema de distribución y comercialización, que pongan en practica por primera vez, que le entreguen a Sintraelecol Atlántico, Magdalena y Guajira el manejo de AIRE intervenida, y sean ellos quienes escojan a el gerente general como de las sucursales y al personal directivo. Sería un ejercicio interesante y un antecedente histórico.
No tengo duda, que Sintraelecol desempeñaría mejor papel que los agentes interventores nombrados en las distintas intervenciones, que han sido un desastre. Entonces presidente Petro porque no actúa en ese sentido, nada tiene que perder si a los trabajadores les va mal, estoy seguro que les ira mejor que a los que hoy tenemos como agentes interventores.
Por supuesto, que su gobierno les brindara el apoyo necesario para que su desempeño sea exitoso, y además acelerara la fusión de Gecelca, Urra y Transelca que todas son de propiedad del gobierno central y la ley que permite la integración vertical, para que AIRE y AFINIA se integren a la nueva CORELCA. Atrévase señor presidente esa es la salida para el Caribe, no hay otra. Una vez constituida la nueva Corelca, con su experiencia se concentrará en la generación de energías renovables sin descuidar la generación térmica a carbón porque las energías renovables no funcionan sino existe energía firme que la única que la garantiza es la generación térmica.
Barranquilla, junio 15 de 2025.
Anexamos, la información de la fiscalía general de la República que publicara el periódico el colombiano, de la periodista Claudia Sarmiento Rojas.
Fiscalía investiga presunto robo de mayor cuantía en medio de intervención de Air-e
El ente investigador envió órdenes de Policía Judicial a la empresa intervenida y a la Superservicios. Solicitó información financiera y copia de los contratos de los agentes, incluyendo el de Edwin Palma.
junio 13, 2025
A la crisis financiera y administrativa que atraviesa la empresa Air-e, intervenida por el Gobierno nacional a través de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en septiembre de 2024, se le suma un nuevo capítulo a su ya larga historia de polémicas, que ya ha generado el paso de cuatro agentes interventores en solo nueve meses desde su intervención.
Ahora, por presunto robo de mayor cuantía en la empresa Air-e, la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación que incluye la revisión que va desde los balances financieros, pagos a terceros como a las hojas de vida y contratos de los tres anteriores agentes interventores.
Así mismo, ha solicitado información de los activos y las deudas que tenía antes de ser intervenida y las post- toma. Además, solicitó de manera detallada las cuentas por cobrar como subsidios y energía al sector oficial.
Nombran a cuarto agente interventor de Air-e; hay preocupación entre gremios
Para avanzar en esta investigación, el ente acusador le envió órdenes de Policía Judicial a Air-e, solicitando los estados financieros correspondientes al periodo de la intervención —septiembre-octubre de 2024—, incluyendo: información financiera como informes de ingresos y egresos, estados de flujo de efectivo, balances de costos operativos y reportes contables que permitan evaluar el impacto financiero de la intervención, entre otros documentos.
El objeto, como reza en el documento de la Fiscalía, es el solicitar información y documentos relacionados con la intervención de la empresa AIR-E S.A.S. E.S.P., “con el fin de realizar una evaluación integral de su situación financiera, administrativa, jurídica y operativa durante el periodo comprendido entre septiembre y octubre de 2024”.
La medida busca esclarecer las posibles irregularidades cometidas durante las gestiones de los tres interventores que han estado al frente de la empresa en este periodo.
Por este motivo, también le solicitó copias de los contratos de vinculación de los 11 nuevos cargos directivos creados durante la intervención. En el documento le piden específicamente que detalle los criterios de selección, funciones asignadas y los costos laborales asociados.
Adicionalmente, le piden una copia del flujo de caja ejecutado de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2024, detallando: Ingresos totales: recaudos, subsidios, FOES y otras fuentes de efectivo, los pagos realizados a generadores, proveedores y terceros, así como cualquier ingreso extraordinario —devoluciones tributarias, ingresos no operativos, entre otros—.
Órdenes a la Superservicios
Por otro lado, a la Superservicios, le solicitan copia del acto administrativo mediante el cual se designó a Carlos Arturo Diago Abello como agente interventor, junto con cualquier informe de seguimiento sobre su gestión.
Además, la certificación sobre el estado financiero y patrimonial de AIR-E antes y después de la intervención, para contrastar la situación en ambos periodos.
También en la orden de Policía Judicial, le solicitan el informe diagnóstico de activos y pasivos de AIR-E al momento de la toma de posesión, documento que debía presentar el agente interventor a la Superintendencia.
Asimismo, la totalidad de las actas de las reuniones de monitoreo realizadas con ocasión de la intervención de la empresa.
Revisoría fiscal
En cuanto a la parte de la Revisoría Fiscal de Air-e, la Fiscalía le solicita a la Dian las certificaciones de los montos y naturaleza de las deudas pre-toma, detallando obligaciones vencidas y no vencidas al 12 de septiembre de 2024, especificando fechas de vencimiento.
Así como también las obligaciones post-toma vencidas al 31 de diciembre de 2024, con desglose detallado de su naturaleza y estado.
Las cuentas por cobrar al sector oficial al 12 de septiembre de 2024, detallando los subsidios pendientes de pago, consumo de energía del sector oficial, deudas por consumo de energía en barrios subnormales con cláusulas de solidaridad, los saldos a favor por cobrar a la DIAN y el activo contingente por opción tarifaria.
La investigación que adelanta la Fiscalía incluye el pago que Air-e le realizó a la empresa Interaseo S.A.S. Para ello le piden los soportes que justifiquen la transacción, incluyendo comunicaciones previas sobre la deuda en litigio.
Por último, le solicitan a la DIAN la entrega de la información tributaria de AIR-E para el periodo de la intervención con el fin de verificar una posible alteración de obligaciones fiscales.
Barranquilla, junio 15 2025.
