La forma en que el Gobierno ha manejado dos casos recientes dentro de la cúpula de seguridad, uno en el Ejército y otro en la Policía. Ha abierto un debate sobre los criterios utilizados para mantener o retirar a altos oficiales de sus cargos.
Se trata del contraste entre el brigadier general del Ejército Juan Miguel Huertas Herrera, mencionado en investigaciones disciplinarias relacionadas con presuntos contactos con disidencias de las FARC, y el general retirado de la Policía Edwin Urrego Pedraza, quien fue llamado a calificar servicios pese a que no se conocían investigaciones formales en su contra.
El contraste ha generado interrogantes sobre la coherencia de las decisiones administrativas dentro de las Fuerzas Armadas y la Policía.
El caso Huertas: investigación abierta y suspensión temporal
El nombre del general Huertas apareció en información hallada en dispositivos incautados a estructuras de disidencias de las FARC asociadas a alias “Calarcá”. A partir de esos hallazgos, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación disciplinaria para determinar si existió algún tipo de contacto irregular o filtración de información militar.
Como parte del proceso, el oficial fue suspendido temporalmente mientras avanzaban las verificaciones. Posteriormente, la suspensión no fue prorrogada, lo que permitió su continuidad en el servicio mientras el caso sigue en etapa investigativa.
Hasta ahora no existe una decisión disciplinaria definitiva ni una imputación penal formal por parte de la Fiscalía General de la Nación, por lo que el oficial continúa bajo el principio de presunción de inocencia.
Sin embargo, el hecho de que un general mencionado en investigaciones relacionadas con grupos armados ilegales haya regresado a funciones dentro de la institución ha sido objeto de debate en sectores políticos y militares.
El caso Urrego: retiro tras una controversia que luego se desinfló
El panorama es distinto en el caso del general Edwin Urrego Pedraza, oficial de la Policía Nacional de Colombia que fue llamado a calificar servicios, una figura administrativa que implica el retiro del oficial de la institución.
El llamado a calificar servicios es una herramienta legal utilizada por el Gobierno para reorganizar la cúpula de las Fuerzas Armadas y la Policía. La decisión puede adoptarse incluso sin que exista una investigación disciplinaria o penal contra el oficial. En la práctica, esta figura suele aplicarse cuando el Ejecutivo considera necesario renovar mandos, reorganizar la institución o cuando se pierde la confianza política o administrativa en algún funcionario de la fuerza publica.
La polémica surgió en medio de acciones policiales contra redes dedicadas a la ocupación ilegal y robo de tierras en el municipio de Puerto Colombia Atlántico, donde Urrego estuvo como comandante de la policía Metropolitana de Barranquilla. Estas operaciones habían generado tensiones con distintos actores locales debido al impacto que tenían sobre estructuras que venían operando en la zona.
En ese contexto comenzó a circular un documento anónimo que señalaba a varios oficiales de la Policía de supuestamente haber organizado un montaje institucional contra el presidente de la Republica y el ministro del interior. La denuncia sugería que los uniformados habrían intentado fabricar un caso para afectar a determinados actores políticos del Gobierno.
El tema escaló rápidamente cuando el presidente Gustavo Petro mencionó públicamente la posibilidad de que existiera un plan de ese tipo dentro de la Policía, lo que puso el foco mediático sobre los dos oficiales señalados, el teniente Coronel Oscar Moreno y el General Edwin Urrego.
Las declaraciones generaron un fuerte impacto en la institución, ya que uno de los altos oficiales involucrados aseguró desde el primer momento que el documento carecía de verificación y provenía de una fuente anónima.
Con el paso de las semanas, la versión inicial comenzó a debilitarse. Las revisiones internas y el análisis de la información disponible no derivaron en investigaciones disciplinarias formales contra los oficiales mencionados.
Tampoco se conocieron actuaciones judiciales de la Fiscalía General de la Nación que confirmaran la existencia del supuesto entrampamiento.
En ese escenario, el caso comenzó a perder fuerza pública. Sin embargo, el daño reputacional ya estaba hecho.
A pesar de que el episodio no derivó en procesos disciplinarios conocidos, el general Urrego fue finalmente llamado a calificar servicios, lo que significó su salida de la institución.
La decisión sorprendió a algunos sectores de la Policía, especialmente porque el oficial tenía una trayectoria considerada sólida dentro de la institución y no registraba sanciones disciplinarias relevantes en su hoja de vida.
El episodio dejó una discusión abierta dentro de sectores de seguridad: si el retiro respondió a una decisión administrativa normal dentro de la reorganización institucional o si el oficial terminó pagando el costo de una controversia basada en información que nunca fue plenamente corroborada.
Esa pregunta es la que hoy aparece con más fuerza cuando el caso se compara con otras situaciones dentro de la cúpula de seguridad, donde oficiales mencionados en investigaciones más complejas han permanecido en sus cargos mientras avanzan los procesos. Lo que llama la atención es el silencio del Ministro de defensa Pedro Sanchez sobre el proceso que se lleva en contra del general Huertas.
“El general que ocupaba un cargo estratégico en la DIJIN cuando fueron incautados los computadores de alias Calarcá terminó fuera de la institución, mientras que el general mencionado en esos dispositivos continúa en el Ejército.”
Para algunos analistas, esto refleja la complejidad de las decisiones administrativas dentro del Estado. Para otros, deja interrogantes sobre la coherencia de los criterios utilizados. Oficiales retirados recuerdan que, durante décadas, el estándar dentro de las Fuerzas Armadas era particularmente estricto.
Ese precedente es el que hoy lleva a algunos sectores a preguntarse si ese criterio histórico cambió o si se están aplicando estándares distintos según el caso.
Un debate abierto dentro de la institucionalidad
Más allá de los nombres propios, el debate refleja un dilema mayor sobre la conducción de la seguridad en el país.
Las decisiones sobre la permanencia o retiro de generales no solo tienen implicaciones administrativas. También impactan la percepción de confianza dentro de las instituciones encargadas de enfrentar fenómenos como el crimen organizado, las economías ilegales, los conflictos territoriales, así como el narcotráfico.
El contraste entre los casos de Huertas y Urrego, lejos de cerrar la discusión, parece haber abierto una nueva pregunta en los círculos de seguridad del país: cuáles son hoy los criterios que definen quién permanece y quién sale de la cúpula de las instituciones armadas. La discusión también revive precedentes dentro de la institucionalidad militar y policial.
En administraciones anteriores, varios oficiales fueron llamados a calificar servicios o retirados de sus cargos solo por aparecer mencionados en investigaciones preliminares o escándalos mediáticos, incluso antes de que existiera una decisión judicial.
Ese criterio buscaba proteger la imagen institucional bajo una lógica clara: un oficial de alto rango debía mantenerse libre de cualquier señalamiento mientras ocupaba cargos estratégicos.
Por eso, el contraste entre los dos casos actuales ha generado interrogantes:
¿Por qué un oficial mencionado en investigaciones sensibles continúa en la institución mientras otros fueron retirados sin procesos disciplinarios abiertos?
¿Qué criterios se están aplicando para evaluar la permanencia de los altos mandos?
¿Cambió la regla histórica que privilegiaba la protección de la imagen institucional?
Estas preguntas no implican necesariamente irregularidades, pero sí reflejan un debate creciente sobre la coherencia en el manejo de la cúpula militar y policial.
