El reconocido jurista barranquillero Luis Escorcia León, miembro de la Junta Directiva del Frente Amplio de Lucha Contra la Corrupción (FALCOCO), presentó una acción de tutela con solicitud de medida provisional urgente, con el objetivo de frenar una inminente orden de desalojo que, según él, pone en riesgo los derechos humanos y fundamentales de varias familias residentes en el barrio El Rubí, al suroccidente de Barranquilla.
Los beneficiarios de esta acción judicial son los ciudadanos Aura De Jesús Ledesma, Víctor Manuel Salgado Reyes, Yadis Mar Pérez Muralla, Esneider De Jesús López Idárraga, Roger Soto Díaz, Aracely Esther Barrios Marchena, Claudia Mónica Pérez Martínez, Sandra Milena Arévalo Jiménez, Ibeth del Carmen Paz Badillo y Eduardo Antonio Torregrosa Batista, quienes actualmente habitan en dicho sector y se enfrentan a una orden de desalojo que, según la acción interpuesta, viola múltiples derechos fundamentales.
Los accionados en este proceso son:
Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República (Andrés Idárraga Franco)
Alcaldía Distrital de Barranquilla (Alejandro Char Chaljub)
Secretaría Distrital de Control Urbano y Espacio Público (Ángelo Cianci Díaz)
Secretaría Distrital de Gobierno (Nelson Patrón)
Oficina de Inspecciones de Policía y Comisarías del DEIP (Álvaro Iván Bolaño Higgins)
Inspectores de Policía Urbana del DEIP de Barranquilla
Director General de la Policía Nacional
Comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza
General Carlos Fernando Triana Beltrán
Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Eliana Cáceres Cárdenas
De acuerdo con el abogado Escorcia León, la acción busca salvaguardar los derechos al debido proceso, dignidad humana, posesión, vivienda digna, libre desarrollo de la personalidad, trabajo, igualdad, mínimo vital y libertad de culto. Señala que las medidas adoptadas por las autoridades vulneran directamente el orden constitucional y legal, al omitir las garantías y procedimientos exigidos por la ley en procesos de reasentamiento poblacional.
“La acción de tutela que hemos impetrado está sustentada tanto en razones fácticas como jurídicas, y se enmarca en las facultades otorgadas por la Constitución Política de 1991, así como en los principios del Estado social de derecho. Denunciamos la inadecuada aplicación de una política pública de reasentamiento POR PARTE DEL Distrito de Barranquilla, lo cual es de obligatorio cumplimiento”, manifestó Escorcia León.
FALCOCO reiteró su respaldo a las familias afectadas y alertó sobre lo que considera una acción institucional desproporcionada y carente de garantías mínimas, que pone en riesgo la estabilidad y bienestar de ciudadanos en situación de alta vulnerabilidad.
Por ahora, se está a la espera de que el juzgado competente admita la acción de tutela y decida sobre la solicitud de medida provisional para suspender cualquier procedimiento de desalojo, mientras se resuelve el fondo del asunto. El caso ha generado preocupación en organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, que también han comenzado a hacer seguimiento a la situación.
