Por: Jaime Guzmán
En horas de la madrugada del 3 de enero de 2026, el mundo volvió a sacudirse por un hecho de violencia de alto impacto geopolítico. Esta vez, los afectados fueron los venezolanos. Un ataque organizado, calculado y ejecutado con precisión habría cumplido el objetivo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump: capturar —o secuestrar, según desde dónde se mire— al mandatario venezolano Nicolás Maduro.
A partir de este hecho, la narrativa global gira una vez más en torno a una idea recurrente: Venezuela vuelve a ser libre. Pero surge una pregunta inevitable: ¿a qué costo? No es la primera vez que Estados Unidos actúa de esta manera en otros países del mundo. Basta recordar algunas de sus intervenciones más representativas: Panamá en 1989, con la captura de Manuel Antonio Noriega; Irak en 1991 y nuevamente en 2003, bajo el argumento de armas de destrucción masiva y la caída de Saddam Hussein; Afganistán en 2001, tras los atentados del 11 de septiembre; Libia en 2011, con la intervención de la OTAN que terminó con el derrocamiento y muerte de Muamar el Gadafi; Siria desde 2014, bajo la excusa de combatir al Estado Islámico; y operaciones militares y encubiertas en países como Somalia, Yemen y Pakistán durante las décadas de 2000 y 2010. En casi todos los casos, el relato posterior ha construido héroes al estilo del cine de Hollywood, mientras las naciones intervenidas han cargado con el caos, la fragmentación social y la muerte de civiles.
En este contexto, es importante recordar que Nicolás Maduro no es una figura exenta de señalamientos judiciales internacionales, al menos desde la óptica de los Estados Unidos. En marzo de 2020, el Departamento de Justicia estadounidense lo acusó formalmente de narcoterrorismo, conspiración para el tráfico de cocaína, lavado de activos y uso de organizaciones armadas, presuntamente en alianza con las extintas FARC. Según Washington, Maduro habría utilizado estructuras del Estado venezolano para facilitar rutas del narcotráfico hacia Centroamérica, el Caribe y territorio norteamericano, con el objetivo —afirman— de financiar y sostener su proyecto político. Estas acusaciones llevaron incluso al ofrecimiento de una recompensa millonaria por información que condujera a su captura. No obstante, el gobierno venezolano siempre ha rechazado dichos señalamientos, calificándolos como una persecución política, y hasta la fecha no existe una condena emitida por un tribunal internacional, lo que mantiene el debate abierto entre justicia, política y geopolítica.
De manera muy personal, me parece que está bien que se haya derrocado a este primer gobernante por su pasado oscuro y su presente tenebroso. Su gestión evidenció corrupción, represión y debilitamiento de las instituciones democráticas, lo que justifica el descontento general. Sin embargo, no estoy de acuerdo con ningún tipo de violencia como medio para resolver conflictos políticos. La fuerza, aunque pueda generar resultados inmediatos, siempre deja heridas profundas, pone en riesgo a la población civil y genera incertidumbre sobre el futuro. La verdadera transformación debería buscarse mediante mecanismos pacíficos, legales y responsables, garantizando los derechos de todos los ciudadanos.
Resulta lamentable que la violencia armada continúe justificándose como un supuesto mecanismo para “restaurar la democracia”. En el caso venezolano, es evidente que no existía una democracia plena, sino un sistema autoritario con fachada institucional. Ahora bien, también es cierto que cuando un gobierno se convierte en una maquinaria de opresión sistemática contra su propio pueblo, el dilema moral se vuelve más complejo.
Para los venezolanos, este hecho podría interpretarse como un grito de libertad. No obstante, la incertidumbre persiste. El poder no ha desaparecido. En el mando permanece la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, figura clave del régimen, y detrás de ella continúa teniendo enorme peso político Diosdado Cabello, ideólogo y estratega del chavismo. Ambos representan la continuidad del aparato de poder y difícilmente permitirán una transición sin resistencia, incluso si su margen de maniobra frente a Estados Unidos es limitado.
Surgen entonces otras preguntas inevitables: ¿fue realmente una operación unilateral o una conspiración internacional? ¿Hubo acuerdos silenciosos con potencias como China o Rusia? ¿O incluso sectores internos del propio Estado venezolano facilitaron la caída del líder para preservar otras estructuras de poder?
Las repercusiones no tardarán en sentirse, especialmente en las zonas fronterizas. Colombia podría enfrentar dos escenarios opuestos: el retorno acelerado de trabajadores informales venezolanos a su país o, por el contrario, una nueva ola migratoria si la situación se torna aún más inestable y peligrosa.
El hecho ocurrido en la madrugada del 3 de enero de 2026 es, sin duda, una señal clara de que Estados Unidos continúa actuando bajo su propia lógica de poder: cuando quiere, donde quiere y como quiere. Muchas veces sobre territorios frágiles, con el discurso de la libertad, pero con métodos que dejan profundas cicatrices.
Y aun así, el dilema persiste. ¿Fue una captura legítima o un secuestro internacional? Desde el punto de vista moral, algunos lo celebran; desde el jurídico y político, la fuerza empleada abre un debate profundo. Entonces, la pregunta final queda en el aire:
¿de qué lado estamos?
¿Del país de la bandera estrellada o de los pueblos que históricamente padecen la precariedad y la intervención externa?
He ahí el dilema
