Juan Salvador Peña
Dir. Región Caribe CO2CERO
Los principales organismos internacionales encargados de coordinar la transición energética mundial fijaron una política global de urgencia que busca triplicar las energías renovables y duplicar la eficiencia energética para 2030, acelerando el abandono de los combustibles fósiles. Pero mientras el mundo debate estos plazos, la inesperada magnitud del conflicto bélico en Medio Oriente nos muestra de manera muy expresa que aún no hemos logrado desacoplarnos del petróleo.
Lo que comenzó como una disputa más en esa región se ha convertido en el mayor choque energético global. El actual conflicto en el Golfo Pérsico está generando una reconfiguración en la manera como el mundo entiende la seguridad energética, llevando a las potencias a acelerar la transición hacia lo que ya se denomina la “era de la electricidad”, concepto de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). En este nuevo orden que se gesta, la soberanía ya no depende exclusivamente del control de los oleoductos, sino de la capacidad para asegurar minerales críticos y fuentes de energía limpias.
América Latina, a pesar de contar con una riqueza natural enrome, sigue siendo críticamente vulnerable ante los conflictos geopolíticos por su dependencia de combustibles refinados y fertilizantes importados, afectando esto la estabilidad en su cadena de suministro. Pero esta coyuntura también abre una ventana de oportunidad. La región puede posicionarse como proveedor confiable de minerales críticos como el cobre y el litio, y desarrollar cadenas de valor en torno al hidrógeno verde.
En Colombia, el debate energético suele caer en extremos. Mientras el gobierno propone restricciones a nuevos proyectos de extracción, ni Ecopetrol ni la UPME contemplan un fin de combustibles fósiles antes de 2040. De hecho, si la producción nacional no se mantiene, el país podría verse obligado a importar hasta el 60% de la gasolina bajo ese panorama. Dependencia que, en un mundo inestable por conflictos armados, sería una pésima idea.
Por eso una transición energética responsable requiere una implementación gradual, enfocada en tres ejes: primero, usar las reservas actuales como puente hacia la transición y financiar proyectos solares, eólicos y de hidrógeno; segundo, apostar por una industrialización para asegurar el suministro de combustibles; y tercero, apostar al desarrollo minero, explotar nuestros minerales estratégicos y ejecutar la hoja de ruta del hidrógeno.
Desde el enfoque ambiental, la transición energética en Colombia carecería de integridad si solo se limita a cambiar matrices sin restaurar el territorio. Por eso, las acciones ambientales (desde la reforestación de cuencas hasta la rehabilitación de áreas mineras) deben ser una condición para la sostenibilidad.
Aprovechar la palanca generada por los ingresos minero energéticos para financiar la restauración ecológica y la reconversión productiva es la única forma de que la “era de la electricidad” no herede las deudas ambientales del pasado. Una transición sin justicia ambiental no es transición, es simplemente otra fase de explotación.
