Por: Jaime Lustgarten
Colombia cuenta con 1.103 municipios, según datos oficiales del DANE, una cifra que
puede verificarse fácilmente en fuentes públicas. Este dato, aunque aparentemente neutro,
adquiere relevancia cuando se analiza el fenómeno de la inseguridad y la forma en que se
construye el debate público alrededor de ella.
Desde una perspectiva de inseguridad objetiva, varios municipios aparecen
recurrentemente entre los más afectados por la violencia y el crimen: Buenaventura (Valle
del Cauca), Tame (Arauca), Cúcuta (Norte de Santander), un municipio del Chocó y
Medellín (Antioquia). Estas realidades responden a problemáticas estructurales
profundas, vinculadas a factores históricos, económicos y sociales que difícilmente
pueden atribuirse de manera exclusiva a una autoridad local.
Si el análisis se traslada a la percepción ciudadana de inseguridad, los estudios indican
que ciudades como Pasto y Bogotá encabezan los niveles más altos, seguidas por Cúcuta
y Cartagena. En este contexto, Barranquilla registra una percepción de inseguridad
inferior a varias de estas ciudades, ubicándose aproximadamente en el quinto lugar
entre las principales urbes del país. Sin que ello sea motivo de triunfalismo, el dato invita
a una lectura más equilibrada y responsable.
Resulta entonces cuestionable que algunos sectores del periodismo utilicen la inseguridad
como argumento central para deslegitimar de forma sistemática los avances de
Barranquilla. Conviene recordar que el alcalde ejerce el llamado poder de policía en su
territorio, lo que implica coordinación y orientación de la acción policial local. Sin
embargo, no forma parte de la jerarquía de la Policía Nacional, ni tiene control directo
sobre ella. Esta responsabilidad recae en el Presidente de la República, quien ostenta la
autoridad superior sobre la fuerza pública y define su fortalecimiento o debilitamiento a
través de decisiones políticas, presupuestales y estratégicas.
La seguridad ciudadana es una responsabilidad compartida entre el nivel nacional y
el territorial. Atribuir de manera exclusiva la inseguridad a un alcalde no solo resulta
impreciso, sino que empobrece el debate público y desvía la atención de las verdaderas
responsabilidades institucionales.
Ahora bien, la seguridad no puede analizarse de forma aislada. La educación y la cultura
son pilares fundamentales para construir entornos más seguros. A largo plazo, son los
ciudadanos, a través de la formación, la convivencia y la solidaridad, quienes pueden
incidir en cambios reales de comportamiento y apoyar a las víctimas de la violencia. En
el caso de Barranquilla, la gestión educativa muestra avances importantes. Si bien estos
logros no son atribuibles únicamente al alcalde —pues el Ministerio de Educación define
las políticas públicas—, sí reflejan una articulación institucional que debe reconocerse.
El poder local en educación, como en seguridad, no es absoluto, y muchas decisiones
escapan a su tutela directa.
En la práctica, combatir el crimen organizado exige estrategia, inteligencia y logística:
conocer los movimientos de las estructuras criminales, su ubicación, su modus operandi
y establecer sistemas de vigilancia eficientes y eficaces. Barranquilla, como ciudadconurbada, enfrenta un fenómeno adicional: buena parte de su problemática de
inseguridad tiene relación con su área metropolitana, especialmente con el municipio
de Soledad. Cuando la presión policial aumenta en un sector, las estructuras criminales
tienden a desplazarse, mutar y reubicarse, extendiendo el problema a nuevas zonas.
Por ello, las autoridades no solo deben actuar, sino analizar, investigar y seguir
patrones, para definir estrategias más efectivas. En este esfuerzo, resulta indispensable
el apoyo de los ciudadanos de bien, cuya colaboración fortalece la convivencia y la paz
social. De igual manera, los medios de comunicación y los periodistas cumplen un rol
clave: informar con rigor, contextualizar los hechos y contribuir a un debate público más
responsable.
La crítica es necesaria en toda democracia. Pero una crítica objetiva, equilibrada y
constructiva aporta mucho más que aquella que se limita a señalar culpables sin contexto.
Barranquilla, como cualquier ciudad, enfrenta desafíos reales; reconocerlos no implica
desconocer sus avances ni alimentar narrativas que terminan haciendo más daño que bien
al tejido social.
