No se equivoquen el camino a seguir es la ley de competencias del presidente Petro. No hay otro camino

Por: Jorge Vergara Carbó

Por la sencilla y única razón de que la Ley de Competencias es eso: una ley, no una ilusión. Si bien lo aprobado en la reforma al SGP no fue lo que se logró conseguir en la Constitución del 91, donde en ese entonces los ingresos por Situado Fiscal eran del 46.5 % de los ingresos corrientes de la nación (ICN), los cuales fueron reducidos por los presidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe Vélez hasta el punto de llevarlos a un 27.2 % de los ICN, la reforma al SGP los llevó al 39.5 %. Un triunfo del gobierno del presidente Petro, con el apoyo de Juan Fernando Cristo, que contó con el respaldo de 85 senadores que votaron favorablemente esa ley.

Otra de las razones es que, con la reforma aprobada —y que tiene como condición para su aplicación la aprobación de una Ley de Competencias—, esta debe elaborarse y aprobarse para “cerrar brechas”, tal como lo ha exigido el presidente Gustavo Petro. Lo que significa que los 12.3 puntos a repartir entre las entidades territoriales deben distribuirse de tal forma que las entidades territoriales con los mayores índices de necesidades básicas insatisfechas (NBI) reciban un mayor porcentaje, el cual debe ir acompañado de unas competencias que dejará de prestar el gobierno central para asumirlas las entidades territoriales.

Por ello, lo que está en juego es algo serio, que debe afrontarse con mucha responsabilidad por parte de cada alcalde, gobernador, políticos, gremios, academia y, por supuesto, las bases populares. Esa Ley de Competencias es un hecho real, que debe aprobarse por el Congreso antes de diciembre del año 2026, porque entrará a regir desde enero del 2027. De tal forma que no sea “peor el remedio que la enfermedad”.

Otro hecho es que, al pasar las transferencias de la nación del 27.2 % a 39.5 % de los ingresos corrientes de la nación (ICN), los recursos que quedan de los ICN para que el gobierno central pueda cumplir con sus competencias son limitados, tal como lo pueden constatar en el siguiente cuadro, en el cual se muestran los recursos transferidos a las entidades territoriales y algunas de las funciones del gobierno central con su costo para el año 2025, de acuerdo con lo presupuestado y aprobado para ese año.

PORCENTAJE A REPARTIR DE LOS ICN $266.8 BILLONES AL SGP

Fuente: PGN 2025. *ICN real en 2024: $266.8 billones.

El resultado del Cuadro No. 1 muestra la realidad de cómo los ICN se distribuyen entre el gobierno central y las entidades territoriales. Los ICN sobrantes, es decir, el 60.5 %, no son suficientes para atender las necesidades del gobierno central. La sola deuda pública a pagar en el año 2025 es de $112 billones, que equivale al 42 % de los ICN. La inversión prevista es de $82.5 billones, es decir, un 30.9 % de los ICN; el pago por pensiones es de $66 billones, un 24.7 % de los ICN; y el pago de la burocracia del gobierno central es de $60 billones, un 22.5 % del total de los ICN.

Todo lo anterior significa que no hay espacio para las pretensiones de los antioqueños (cederle impuesto de renta + patrimonio), como tampoco para los caribeños en su propuesta de convertir la RAP en una RET. El recaudo en el año 2024 por impuesto a la renta y patrimonio fue de $99 billones, que significarían un 37 % de los ICN, empeorando la situación del funcionamiento del gobierno central.

La propuesta Caribe, de lo planteado hasta el día de hoy, no dice ni explica —como lo hacen los antioqueños— de dónde saldrán los recursos para financiar la RET. De todos es conocido que la RAP Caribe, contrario a las del interior del país, no funcionó por la falta de recursos. Desde su creación, no fueron capaces los gobernadores de ponerse de acuerdo para financiarla, como tampoco se pudieron poner de acuerdo para escoger una sede y designar un director en propiedad. ¿Por qué no lo hicieron? Por la sencilla razón de que no tienen dinero con qué financiarla.

Les pregunto a los gobernadores, liderados por Eduardo Verano: ¿de dónde sacarán los recursos? ¿Será que el gobernador de La Guajira, Cesar y Córdoba, en un acto altruista, cederán un porcentaje alto de sus regalías para financiar la RET? ¿Están dispuestos esos funcionarios a tomar esa decisión consultando a su pueblo?

Todos sabemos que esos gobernantes no tomarán esa decisión. Ya esa decisión la vivimos cuando trataron de vender el proyecto de CORPOCARIBE, lo que ocasionó una respuesta contundente de los habitantes de esos departamentos, que incluso puso en riesgo la integración costeña para la elaboración del único Plan de Desarrollo participativo que se ha hecho en el Caribe: “UN VIAJE HACIA EL FUTURO”, en el gobierno de Belisario Betancur, y que fue base para crear los CORPES. El del Caribe funcionó porque contaba con recursos de las regalías, más no del PGN.

Tiene sentido —les pregunto a los gobernadores— seguir insistiendo en la creación de una región autonómica o convertirnos en estado federal, si no hay recursos financieros suficientes para financiar esas iniciativas, ni voluntad política del presidente Petro para montar al país en una aventura que ni siquiera muchos de los que la impulsan tienen claro qué es lo que en realidad desean.

Por ello, he insistido en mis últimos escritos sobre el tema que convertir la RAP en RET y/o en un Estado Federal no es viable. El camino es el que ha trazado el presidente Petro con los parlamentarios en la futura Ley de Competencias. Si no lo quieren entender los gobernadores, es su problema, pero no piensen que van a engañar a los alcaldes y al pueblo con promesas ilusorias que no llevan a ninguna parte. Y menos con un referendo que no conduce a nada, tal como pasó con el voto Caribe.

Invito a los gobernadores y colegas periodistas a realizar una encuesta dirigida a diputados, concejales, alcaldes, gobernadores, universitarios y al pueblo, preguntándoles: ¿Qué es una RET? ¿Sabe cómo opera? ¿Cómo se financiará?

Barranquilla, mayo 8 de 2025.