Esta semana se produjeron tres hechos desde el Ministerio de Agricultura que, vistos en conjunto, revelan una preocupante deriva: la ideologización de la política pública rural, en detrimento del rigor técnico que exige el manejo del campo colombiano.
El primero de ellos es la utilización de recursos públicos con fines políticos. En un video difundido masivamente en redes sociales, la cabeza de la cartera agropecuaria anunció la “destinación de 52.000 millones de pesos para la compra de fertilizantes, que serán entregados a 108.000 productores en 421 municipios para proteger ingresos, fortalecer la productividad y anticiparse a la crisis climática”.
El anuncio, aunque llamativo, es profundamente problemático por al menos tres razones. Primero, cerca del 90 % de los recursos provienen del Fondo de Estabilización de Precios, es decir, de aportes realizados por los propios cafeteros. No se trata de un esfuerzo fiscal estructural del Estado, sino de la redistribución de recursos parafiscales del sector, presentada políticamente como un logro gubernamental. Segundo, se confunde el diagnóstico: el principal riesgo climático que enfrenta hoy la agricultura es el estrés hídrico, y ese problema no se soluciona con fertilizantes, sino con agua. Tercero, los recursos públicos deben asignarse con criterios técnicos, transparentes y verificables, no con criterios políticos y mucho menos en un contexto preelectoral.
Si el objetivo real hubiera sido proteger ingresos y anticiparse al riesgo climático, existían instrumentos mucho más eficaces: subsidios a pólizas de seguro agropecuario contra eventos climáticos extremos y un plan de créditos con reducción de tasa de interés e incentivo (ICR) destinado a inversiones en riego. Eso es política pública seria; lo demás es improvisación.
El segundo hecho fue un golpe directo a las rentas de los ganaderos, un sector estigmatizado por el gobierno. El Ministerio anunció la restricción de las exportaciones de ganado en pie menor de dos años, con el argumento de contener el aumento del precio de la carne bovina en el mercado interno. Se trata de una medida técnicamente desatinada. Los bovinos exportados de esa edad representan apenas el 0,5 % del hato ganadero nacional, porcentaje que no tiene capacidad real de incidir en el precio final al consumidor.
Si el objetivo era moderar los precios, la respuesta técnica era otra: abrir temporalmente la importación de carne, fortalecer los frigoríficos regionales, reducir intermediaciones innecesarias, e implementar incentivos económicos para disminuir costos de producción y aumentar productividad. Restringir exportaciones castiga al productor sin resolver el problema del consumidor.
El tercer hecho —y el más grave— fue el intento de suprimir la fase judicial de los procesos agrarios mediante una demanda contra el Decreto Ley 902 de 2017, para arrebatar a los jueces funciones esenciales —clarificación de la propiedad, recuperación de baldíos, reversión de títulos y deslinde— y concentrarlas en la Agencia Nacional de Tierras.
Ese mismo despropósito reaparece hoy en el proyecto de ley de Jurisdicción Agraria que cursa en el Congreso. El diseño vigente, con una fase administrativa y otra judicial, garantiza equilibrio y control; y la Corte Constitucional, en la Sentencia C099 de 2026, reiteró su constitucionalidad. Desmontarlo no es reforma agraria: es concentración de poder sobre la tierra. Y en democracia, eso es una línea roja.
